DEdA II: la represión tras la guerra.

Deberíamos estar de acuerdo en que la represión del régimen franquista fue la más amplia, violenta y prolongada de toda la historia contemporánea española. Nunca antes, desde 1812, un conflicto civil había sido seguido por una venganza tan grande. Más aún, deberíamos estar de acuerdo en que la represión fue la continuación de la Guerra Civil por otros medios, fría y sistemáticamente calculada. De hecho, Franco no derogó el estado de guerra hasta 1948, 9 años después de acabada la guerra.


Para su ejecución, el régimen no tuvo ningún reparo moral ni jurídico. Son representativas de ello las dos principales leyes creadas al efecto y que eran exactamente la justicia al revés: la Ley de Responsabilidades Políticas (LRP), de 9 de febrero de 1939, que convertía en delitos hechos realizados antes de 1936 que entonces, cuando se realizaron, eran perfectamente legales, y la Ley de Rebelión Militar, de 1943, que convertía a los defensores del régimen legal de la República en rebeldes.





La LRP establecía que los casos se juzgarían bajo la jurisdicción militar. Acentuó el carácter militar de la Guardia Civil y a su amparo se crearon dos cuerpos de policía: la Policía Armada (conocida como los grises) y el Cuerpo General de la Policía, en el que se incluía la famosa Brigada Político-Social, cuya creación contó con asesoramiento de la Gestapo.


En cuanto a las cifras, la cosa va a ser más difícil, pues aunque hay registros oficiales de algunos datos, muchos otros deber ser estimados. Veamos algunos.


Al acabar la guerra, había en España 421.000 internos en campos de concentración, a la espera de que revisión. Uno de los campos más grandes era el de Albatera. Los campos fueron diseñados con ayuda de las SS alemanas


Tras la revisión los detenidos pasaban a las cárceles en espera de juicio. La población reclusa, que en 1936 era de 13.000 presos, pasó en 1940 a 270.000, hacinados en un sistema diseñado para 20.000 pesos. Se estima que, por las malas condiciones, murieron en las cárceles 15.000 personas. El poeta Miguel Hernández fue uno de ellos. Para aliviar esta situación, se constituyeron los Batallones de Trabajo, dónde se obligaba a trabajar a los recursos con promesas de reducción de penas. Con ellos se construyó el Valle de los Caídos, cerca de Madrid.


En cuanto a las penas de muerte, el consenso es situar en alrededor de 50.000 los reclusos que fueron condenados a muerte y ejecutados, aunque hay estudios que acercan esta cifra a los 100.000 y otros lo elevan a 140.000. El más famoso de estos fusilados es Lluis Companys, el presidente de la Generalitat de Cataluña.


Pero todo podía ser peor, si eras mujer. En 1936 había en España 497 mujeres presas. En 1940, según datos oficiales, había 23.000. Las mujeres fueron víctimas de una violencia específica, que afectó también a sus hijos. Los mismos datos cifran en 12.000 los niños que vivían en las cárceles, mientras que otros 9.000 estaban bajo la tutela directa del estado. La historia más cruel y más desconocida es la de los procedimientos que permitían arrebatar los hijos a las presas y darlos en adopción a parejas afectas al régimen.


La represión alcanzó también a los funcionarios públicos y a trabajadores de las empresas privadas, donde miles de personas fueron depurados y expulsados de sus trabajos. Las cifras más significativas son: el 55% de los funcionarios en Cataluña; el 55% del Colegio de Periodistas; el 30% de empleados de Correos y Telégrafos; el 33% de los catedráticos de Universidad; el 25% de Telefónica; el 22% de jueces y fiscales; el 22% de los profesores de instituto; el 20% de los médicos de Barcelona. Todas estas vacantes fueron utilizadas para recompensar a excombatientes y afectos al régimen, que realizaron carreras meteóricas.


La represión tuvo cómplices y beneficiaros, creando complicidades que cohesionaron más el bloque vencedor. La impunidad y la prepotencia de los vencedores perduró durante decenios.


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         30 AGOSTO 2020

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